Ambientales ven un «verdadero desafío» decretar como terrorismo daños a áreas protegidas
Santo Domingo.– Los Ambientales considerarón este jueves que el decreto del presidente Luis Abinader que tipifica como terrorismo medioambiental los ataques contra el patrimonio natural representa un “verdadero desafío para el Gobierno”, tras advertir que la medida requiere una política de Estado orientada a sancionar a los intelectuales, financiadores y autoridades que autorizan la destrucción ecológica.
El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y miembro de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal, afirmó que la efectividad de la disposición dependerá de que se traduzca en investigaciones rigurosas que sigan el rastro del dinero, las propiedades y los permisos otorgados, evitando que los daños queden impunes.
El dirigente ambientalista enfatizó que las agresiones a gran escala en zonas protegidas emblemáticas responden a estructuras organizadas con recursos económicos y respaldos institucionales:
Zonas impactadas: Señaló daños sistemáticos en parques nacionales y ecosistemas clave como Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela, Boca de Yásica, además de humedales, manglares y dunas costeras.
Seguimiento a los responsables: Exigió rastrear «la propiedad, el dinero, las órdenes, los permisos y las responsabilidades institucionales» para identificar a quienes hacen rentable la extracción y destrucción de recursos.
Te interesará leer:
Igualdad ante la ley: Sostuvo que, respetando el debido proceso, «nadie debe ser declarado culpable sin pruebas, pero tampoco nadie debe quedar fuera de una investigación por su fortuna, rango o influencia política, militar o económica».
Marco legal y seguridad nacional
Carvajal valoró como la principal novedad del decreto su abordaje como un asunto de seguridad nacional y la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional.
No obstante, recordó que bajo el principio de legalidad, el término «terrorismo medioambiental» debe aplicarse dentro de los límites de las leyes vigentes, garantizando el respeto al debido proceso y las competencias exclusivas del Ministerio Público y los tribunales de la República.
